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miércoles, 21 de agosto de 2013

Adocco plantea fiscal de Sosúa sea investigada por caso "La Mulata III"

Cointer Evolution


La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) planteó este miércoles que la procuradora fiscal de Sosúa, Puerto Plata, sea investigada en torno al escándalo de "La Mulata III", por considerar que actuó de manera irresponsable en torno al mismo.

Julio César Tiburcio de la Rosa, coordinador de la entidad, estimó que la investigación sobre los allanamientos en el referido residencial debió iniciar por la fiscal Alba Núñez Pichardo, de quien opinó que debió ser suspendida por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. 

Dijo que Núñez Pichardo debió ser incluida entre los investigados y procesados en torno a los allanamientos en "La Mulata III" , donde un alemán fue abatido por la Policía y un haitiano herido y otros tres alemanes detenidos. 

Durante las requisas fueron incautadas dos cajas fuertes que según los extranjeros detenidos contenían dinero, joyas y bienes valorados en unos 60 millones de pesos, que supuestamente se repartieron los oficiales y agentes participantes.

Por la desaparición de las cajas fuertes fueron detenidos y sometidos a la justicia dos coroneles y un teniente de la Policía, a los cuales se les impuso un año de prisión como medida de coerción hasta que sean llevados a juicio de fondo.

Al plantear que se investigue a la magistrada Núñez Pichardo, De la Rosa argumenta que ésta es responsable de las irregularidades cometidas por el Ministerio Público.

Sostuvo que a causa de la situación escandalosa surgida de esa operación, República Dominicana ha sido puesta en la "picota" pública internacional.

Refiere Adocco que los dos produradores fiscales adjuntos actuantes en el caso denunciaron que la procuradora Núñez Pichardo les ordenó acompañar a los agentes que participaban en el operativo contra los alemanes y que posteriormente ésta dirigió por sí sola las investigaciones, además de que se habría reunido de manera particular con los extranjeros afectados y el capitán Gerson Acosta, de Sosúa, quien era parte de los oficiales que participaron en los allanamientos.

Demadnó del procurador Domínguez Brito que le diga al país por qué a estas alturas la fiscal de Puerto Plata sigue al frente de una investigación, "en la que ella debe ser parte de los investigados", no obstante a que dos procuradores fiscales adjuntos participantes en el allanamiento le cuestionan que los aislara de las indagatorias.

Según deeclaraciones de los dos fiscales, el día del allanamiento recibieron una llamada por separado de Núñez Pichardo, pidiéndoles que fueran a Sosúa a ayudar a los policías en unos allanamientos, pero que no sabían a donde iban, tras reiterar que las órdenes las tenía en su poder el capitán Gerson.

El coordinador de Adocco agregó que éstos señalaron que el acceso al residencial estaba muy controlado, y que no saben donde el capitán Gerson tenía un beeper que abría todas las puertas.

Renuncia de jueces

Con relación a la renuncia de varios jueces de las corts de Apelación del país en los últmos meses, Juliio César Tiburcio de la Rosa consideró que éstás se deben al miserable salario que devengan.

Adujo, además, que los jueces renunciant4es tienen de común denominador ser capacitados, responsables y probos, lo que implica de no mejorarse los salarios de los responsables de impartir justicia, la Judicatura se quedaría sin jueces de esa estirpe.

 Manifestó que mientras los magistrados probos renuncian, "los jueces corruptos se quedarán reinando solos, porque a esos no les importa el salario que reciben, porque tienen lo suyo asegurado".

Se basó en esa percepción para exhortar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que en vez de criticar a los jueces que reclaman mejoría, se abogue a atender sus reclamos.

El coordinador de Adocco dijo que esa situación se produce mientras funcionarios y legisladores disfrutan de macros salarios e incentivos que no justifican, aparte de los beneficios que les brinda la posición por el presupuesto que manejan sin ningún control, ante la indiferencia de la Cámara de Cuentas.

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