Le fue asignada una seguridad especial a la jueza que conocerá una solicitud de medida de coerción en contra de once personas, vinculadas al caso de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), incluyendo al director de ese organismo, al jefe de operaciones, dos fiscales, y otros siete oficiales, alistados y subalternos.
La seguridad le fue asignada a la magistrada Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, luego de sostener un encuentro con el procurador de la corte de esa jurisdicción, Robert Domínguez.
A su llegada, el magistrado informó que acudía al despacho de Martínez Mejía a designarle una seguridad especial, debido a la complejidad del caso.
Mientras que los implicados, una parte se encuentra detenida en Operaciones Especiales de la Policía Nacional y la otra en la cárcel preventiva de San Luis, perteneciente a la fiscalía de la provincia Santo Domingo.
En tanto que varios policías han sido apostados a los alrededores del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle por razones de seguridad.
Ayer la Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el caso de la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dican, de un total de 25 personas contra quienes solicitó y fueron ejecutadas órdenes de arresto.
La solicitud de medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torres Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
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