La prestigiosa revista británica The Economist publicó recientemente un artículo referente al conflicto dominico-haitiano por la controversial sentencia del Tribunal Constitucional (168/13), abordando los acontecimientos ocurridos en los últimos tres meses entre ambas naciones.
A continuación el texto íntegro del artículo de The Economist:
Una tormenta en La Española
La última vez que la República Dominicana realizó una atrocidad contra los residentes de ascendencia haitiana, el resto del mundo le prestó poca atención. En 1937 Rafael Trujillo, un dictador brutal, ordenó a las tropas dominicanas despejar a los haitianos de las tierras fronterizas a quienes calificó como ladrones del país. En cinco días murieron miles de personas. El Gobierno de Haití emitió apenas una leve protesta.
Este tipo de violencia es, afortunadamente, una cosa del pasado. Pero las tensiones entre los dos países se han incrementado después de que los críticos de la República Dominicana afirmaran que es una atrocidad legal el hecho de que en septiembre de este año el Tribunal Constitucional dictaminó que la política actual, bajo la cual los nacidos en el país sólo la conceden la ciudadanía si al menos uno de sus padres era un residente legal.
Esta norma debe aplicarse retroactivamente a las personas nacidas antes de que se pusiera en práctica a partir de 2004. Según grupos de derechos humanos, la sentencia deja más de 200.000 personas de ascendencia haitiana apátridas. Esta vez, Haití y sus aliados están haciendo algo más que un escándalo.
El Gobierno dominicano argumenta que la sentencia aclara una situación ambigua. El 29 de noviembre el presidente, Danilo Medina, decretó que todos los extranjeros indocumentados tienen 18 meses, durante los cuales no pueden ser deportados, a registrarse ante las autoridades.
Los solicitantes que presentan vínculos “incuestionables” para el país, como estudiar o trabajar allí, hablar español, tener familiares nativas y ser dueño de propiedades, serán elegibles para obtener la residencia. El Gobierno también planea introducir una ley de naturalización, la que dice que va a ofrecer una vía rápida a la ciudadanía para estas personas.
El Gobierno insiste en que el alcance de la decisión ha sido exagerada. Su auditoría del registro de nacimientos encontró 24.392 personas, cuya ciudadanía ya no es válida. Los activistas cuestionan la fiabilidad de este conteo realizado en tan sólo ocho días. Afirman esa cifra podría ser diez veces mayor y que miles de personas afectadas no tienen certificados de nacimiento y por lo tanto están excluidos del conteo.
La decisión del Tribunal Constitucional dominicano ha envenenado las relaciones haitiano-dominicanas. En un discurso el presidente de Haití, Michel Martelly, citando a un periodista dominicano, se quejó de "genocidio civil". Eso llevó a que los funcionarios dominicanos cancelaran una reunión con sus homólogos haitianos para discutir el tema.
En los últimos meses los residentes de Neyba, una localidad cerca de la frontera dominicana, culparon a los haitianos por un robo que dejó dos personas muertas, y mataron a un hombre haitiano como represalia.
La República Dominicana ya no puede contar con los países más lejanos a mirar hacia otro lado. Hasta ahora Estados Unidos ha pisado con cuidado, animando al Gobierno dominicano a proteger los derechos humanos por se decisión de aceptar la decisión del Tribunal. Pero otros países, cuyas poblaciones del Caribe en su mayoría negros ven a los haitianas como víctimas del racismo.
Caricom, un club de países que la República Dominicana ha intentado unirse a partir de 2005, el mes pasado suspendió su solicitud de adhesión. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Islas Granadinas, exigió que sea expulsa de Cariforum, que representa a la región en las negociaciones con la Unión Europea, y de Petrocaribe, el programa de petróleo subsidiado de Venezuela. Si el señor Medina quiere disminuir la indignación, podría impulsar la ley de naturalización de otorgar la ciudadanía inmediata a los afectados por el fallo.
Aquí el artículo en inglés publicado por The Economist.
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