Artículo de Opinión
Por: Rolando Fernández
Eso es algo que muchos
dominicanos debemos aprender, para poder formarnos juicios certeros sobre
determinadas decisiones gubernamentales que se adoptan en el país, a pesar de
las justificaciones detalladas que se esgrimen con regularidad.
Para nadie es un secreto aquí,
las deficiencias que se han venido verificando durante los últimos lustros, por
innúmeras razones, en términos de los controles pertinentes, respecto del
accionar que en todos los órdenes se verifica de ordinario a nivel de las
instituciones estatales nuestras.
Entre las causas más notorias
cabe señalar: el nombramiento de personas ineptas en los puestos públicos, por
razones politiqueras propiamente; apañamientos “compañeriles” de igual
naturaleza; al igual que, los niveles de
salarios insuficientes que se pagan.
En la administración de recursos humanos estatales,
lo que prevalece normalmente es, buscarle un puesto a una persona para
reciprocar afectos y apadrinamientos electorales; no es, procurar gente
adecuada para los cargos.
Luego, eso provoca la falta de
credibilidad que se tiene en los funcionarios y empleados públicos, a cuyo
cargo están labores tan delicadas como esas de contraloría y auditoria, a lo
fines de procurar manejos idóneos por completo en la administración pública; en
el conjunto de las entidades adscritas a la misma.
El hecho de que el Gobierno
actual, se haya inclinado por la creación de las llamadas comisiones de
veeduría, conformadas por personalidades creíbles de la sociedad nuestra, que
denotan cierto nivel de confianza, para funciones complementarias de
supervisión, pone en evidencia la falta de buen funcionamiento, y hasta de
disposición oportuna para las tareas de ese tipo, por parte de los organismos
estatales de fiscalización gubernamental.
En el tenor de lo que se
trata, el señor Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, manifestó: “Los
veedores, como no son funcionarios, pueden supervisar, desde una posición de
independencia lo que hacen los servidores públicos. Sabemos que todo el mundo
tiene una posición, y es bueno que los veedores tengan opiniones críticas para
un ejercicio realmente democrático”. (Véase “Diario Libre”, del 3-8-13, página
08).
Ahora, habría que pensar en
que, las opiniones críticas de personas no remuneradas, que serían más bien
colaboradores aunque sean externadas en su momento, actuando como los ojos de
la población, y que tienen otras ocupaciones profesionales, habrían de gravitar muy poco, o de evitar
acciones que se estimen como dolosas, en este escenario de lenidades e
impunidad en que ha estado viviendo la sociedad dominicana durante los últimos
años.
Pero además, labores de
supervisión de ese tipo requieren de determinadas formaciones profesionales
específicas, para estar en condiciones de enjuiciar la realización de
transacciones financieras significativas, como de otras actividades, en el
contexto de cada gestión presente, máxime cuando las mismas sean llevadas a
cabo por instituciones estatales, en las que por lo regular rigen actitudes de
carácter político, los dañosos tráficos de influencias, y hasta los
solapamientos, en busca de reciprocidades; o, las no retaliaciones futuras posibles.
Tenemos entendido que, en el
país aún no existe un marco jurídico normativo en base al cual se puedan regir
las veedurías ciudadanas, lo que evidentemente limitaría el accionar en tal
sentido por parte de las personas designadas. Aunque creemos que, se tiene algo de eso a
nivel del Senado de la República, como parte de un proyecto de ley que allí
estaba cursando, que no sabemos si aún está pendiente de aprobación, o cuál ha
sido su destino.
Además, se debe ponderar que,
ya no estamos en los tiempos de las monarquías, en los que se ubican los orígenes
de tales equipos de supervisión. ¡No es asunto hoy de observar viandas,
nimiedades, u otras cosas que se parezcan! Por ello, se requiere en el presente
para la realización de tales funciones, de capacidades muy definidas,
inherentes a labores de fiscalización en alto grado.
Esa decisión gubernamental
nuestra, de crear las denominadas comisiones de veedores, bien podría
interpretarse como un paliativo, una forma de decirle a la población: miren, se
está haciendo por lo menos el intento de tratar de frenar un poco el monstruo
de la corrupción administrativa estatal en lo adelante, si es posible claro
está.
Evidentemente, eso es algo que,
la gente pensante, como es natural, lo pone muy en duda. Y es que, “de buenas
intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno”, según reza una gran máxima añeja.
Partiendo de que pueda haber
una real intención hacia el futuro en ese orden, las grandes preguntas obvias
que se desprenden serían: a) ¿qué ocurrirá con lo ya pasado, en adición?; y, b)
¿continuará habiendo perdón e impunidad? ¡Importantes inquietudes a responder
por parte de las presentes autoridades!
Entonces, hay que leer bien
entre líneas, el mensaje que subyace en esa decisión de conformar las
comisiones de veeduría ciudadana en la República Dominicana, para derivar conclusiones
certeras.
Queda eso como tarea, ¡hagámoslo!
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